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¿Salud hoy o estabilidad mañana?

 

El Covid- 19 nos enfrenta a varios dilemas. La epidemia causa muertes pero el confinamiento demasiado largo puede tener consecuencias muy negativas sobre la sociedad, la economía y la salud, y llevado al extremo podría perjudicar avances tan importantes como la paz social, la estabilidad internacional, la integración europea y la globalización. La crisis provocará una caída del consumo de bienes y servicios, e impactará a familias y empresas, con un paro extendido, pero afectará también al sector público y al bienestar. Además otro aspecto económico muy importante que deberá replantearse con la crisis es la distribución de la riqueza, la desigualdad y los sistemas impositivos.

Estamos incluyendo en Canal ATEGI varios artículos que nos ayudan a tomar conciencia de la nueva normalidad y de cómo podemos gestionarla. En esta ocasión incluimos un artículo de Martín Ortega publicado con el título «La decisión de nuestras vidas» donde se hace un análisis de los principales dilemas sociales y económicos a los que nos vamos a enfrentar.

 

La primera vez que escuché que la pandemia estaba causando una situación de guerra, sinceramente me asusté. Las guerras producen muertes, sufrimiento y choques bruscos en la economía, pero además (y esto no se tiene mucho en cuenta) provocan cambios en los marcos jurídicos que rigen las sociedades, sin hablar de las consecuencias éticas y culturales. Es cierto que la Segunda Guerra Mundial condujo a la integración europea años después, pero antes se habían visto profundas transformaciones constitucionales en Alemania, Francia e Italia, entre otros muchos países. Todavía es pronto para valorar las consecuencias que tendrá esta crisis, pero muy probablemente irá seguida de modificaciones sustanciales en nuestras sociedades, en los Estados, en la Unión Europea y en la gobernanza global. Estos comentarios provisionales intentan llamar la atención sobre algunos aspectos del futuro posible, con perspectiva histórica y global, planteando más preguntas que respuestas.

Las guerras obligan a decisiones terribles sobre la vida y la muerte, decisiones a las que nuestras democracias no estaban acostumbradas. En tiempo de guerra hay que decidir si lanzar un desembarco en el que morirán miles de personas, dónde, cómo y cuándo hacerlo, o si bombardear una ciudad, porque eso puede acelerar el fin de las hostilidades. En la guerra, los parámetros éticos y jurídicos son distintos a los del tiempo de paz. Aunque no nos demos cuenta, tal diferencia está presente en nuestras sociedades democráticas y pacíficas a través del Derecho Internacional. Los países europeos son contrarios a la pena de muerte, por ejemplo, pero al mismo tiempo aceptan las muertes causadas en una guerra justa, según los principios básicos del uso de la fuerza militar, que son la legítima defensa del territorio y las actuaciones coercitivas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, nuestras sociedades avanzadas y defensoras de derechos aceptan la posibilidad del empleo de la fuerza militar de manera legal, cuando sea necesario, y en esos casos, el resultado de muerte y destrucción está amparado por el derecho, del mismo modo que el Derecho Penal justifica una multa o el ingreso en prisión de los individuos.

Afortunadamente, nuestros países no han debido tomar muchas decisiones de este tipo en las últimas décadas, y solo se aceptó el uso legal de la fuerza militar contra Sadam Husein en 1991, en los Balcanes, y en algunos casos más. En tales supuestos estábamos luchando guerras internacionales, fuera de nuestras fronteras, y enviábamos a nuestros compatriotas quizás a matar o a morir por una causa justa. La guerra que estamos luchando ahora se verifica dentro de nuestro territorio y en nuestras sociedades, pero tiene las características de una guerra. Da igual que el enemigo sea un virus invisible, porque la lucha también está obligando a sacrificios personales en nombre de la comunidad y de nuestros principios. Los médicos, enfermeros, personal sanitario y fuerzas de seguridad que están dando sus vidas por cuidarnos son oficiales de primera línea que a veces mueren en ese esfuerzo. Igualmente, las actuaciones médicas en estos días aciagos requieren decisiones de vida o muerte, como la sedación de muchos pacientes terminales. En nuestro debate político y jurídico, hemos hablado sin fin de la regulación de la eutanasia, pero tal debate enmudece ante las necesidades de esta guerra. Grandes profesionales cualificados, que hacen una labor extraordinaria, están obligados a tomar decisiones médicas graves en cuestión de minutos, decisiones que no pueden entrar en el marco normal del derecho porque estamos en una situación de guerra.

Pero estas cuestiones tácticas no son nada frente a la decisión estratégica de nuestras vidas que se levanta como un muro delante de nosotros. La cuestión colectiva más terrible se refiere al fin de la cuarentena. La epidemia causa muertes pero el confinamiento demasiado largo puede tener consecuencias muy negativas sobre la sociedad, la economía y la salud, y llevado al extremo podría perjudicar avances tan importantes como la paz social, la estabilidad internacional, la integración europea y la globalización. Los epidemiólogos y otros expertos están haciendo proyecciones sobre cómo será la tasa de contagios después de la cuarentena y cómo evitarlos. Los economistas, por su parte, alertan de las consecuencias negativas de un aislamiento demasiado extenso. Sin embargo, no disponemos de modelos que indiquen las posibles consecuencias políticas, psicológicas, sociales, en el campo de la seguridad o de las relaciones internacionales de un confinamiento prolongado. Los escenarios del fin del confinamiento que han trazado los expertos (por ejemplo, este en The Atlantic en marzo, o el ejercicio de prospectiva que realizaron Johns Hopkins, WEF, y la Fundación Bill y Melinda Gates en octubre de 2019) plantean un futuro donde hay que prever más daños.

Levantar la cuarentena demasiado pronto puede provocar un efecto rebote y producir muertes. Levantar el confinamiento demasiado tarde puede suponer efectos tan negativos sobre la economía y la sociedad que el remedio sea peor que la enfermedad. El colapso económico, de los intercambios y de la globalización podría producir paro generalizado, miseria, crisis financieras e inseguridad hasta el punto de que causaría más muertes que el mismo virus. Y supondría probablemente un retroceso en la dirección de avance de la Historia y de nuestros valores. Los mandatarios políticos tienen ante sí una tarea muy complicada porque, con todas las cautelas que debe guardar la prospectiva, quizás tengan que decidir entre muertes hoy y muertes mañana, así como una involución de la sociedad, sin que los expertos puedan precisar las cifras de las que estamos hablando. El dilema actual no es entre salud y economía sino entre salud hoy o estabilidad mañana.

Otra pregunta infausta es si las medidas legales obligatorias para cuidar nuestra salud, que han sido respetadas con gran disciplina por la población, son posibles para otros fines colectivos igualmente loables, una vez se relaje el confinamiento. La contaminación también provoca muertes y de hecho es un factor coadyuvante de las dificultades respiratorias y circulatorias que genera el coronavirus. ¿Cambiarán las leyes nuestro modo de vida consumista basado en el petróleo? La Sociedad Española de Epidemiología estima que el tabaco produce en España unas 50.000 muertes al año. ¿Van a adoptarse medidas para limitar la contaminación y el tabaco? Numerosos estudios muestran que la infección por COVID-19 es fatídica para las personas mayores de 70 años. ¿Significa esto que debemos establecer normas para proteger a esas personas, como su aislamiento, mientras no tengamos vacuna o inmunización de grupo? La experiencia de un Estado protector hasta el extremo afectará seguramente, aunque no sabemos todavía cómo, a la política legislativa. Y planteará desafíos a la hora de evitar las tentaciones de abuso y autoritarismo por parte de los líderes en algunos Estados, por lo que nuestros sistemas constitucionales se verán puestos al límite.

Por lo que se refiere a las consecuencias económicas tanto de la pandemia como del confinamiento decretado para hacerle frente, están siendo cuantificadas por la OCDE, el FMI, la OMC y diversos expertos. La magnitud de tales consecuencias es colosal y llega a suponer un descenso del PIB hasta el 20% o el 30%, dependiendo del tiempo que dure la cuarentena y el parón de la actividad económica (en el mejor de los casos el descenso del PIB en 2020 será ya en torno a un 10%). Este es un aspecto muy serio que deben tener en cuenta las decisiones políticas sobre el levantamiento de la cuarentena que debemos tomar en las próximas semanas. Las caídas mencionadas del PIB son equivalentes a las que se producen en grandes guerras y dejan a la sociedad maltrecha. Un mundo interconectado y globalizado es más vulnerable a este tipo de choques en la economía y la sociedad. Llegará un momento en que será preferible una cierta vuelta a la normalidad, a pesar de los riesgos, porque el coste de no volver será insoportable y planteará negros nubarrones de tormentas sobre el futuro.

Han comenzado las negociaciones para que la Unión Europea haga frente al impacto económico que se avecina, y el FMI ha recibido solicitudes de ayuda financiera por parte de 90 Estados, algo nunca visto. El problema más importante no es si los países ricos del norte de Europa quieren ayudar a los del sur, o si las instituciones internacionales van a funcionar. El problema es la dimensión extraordinaria de la que estamos hablando. Tras el parón de la economía global, todos los países serán perdedores, aunque las caídas del PIB sean solo en torno al 10%. Esas caídas generalizadas no dejan a nadie en condiciones de ayudar a los demás. Salvo quizás los Estados que tengan enormes reservas (casos puntuales como China o Suiza) o grandes fondos soberanos (como Noruega). Se afirma que esta crisis es una guerra pero no se dice lo suficiente que es una guerra mundial.

Para dar una idea de la dimensión del problema, la reunión del Eurogrupo que tuvo lugar el 9 de abril previó una ayuda de 500.000 millones de euros, que son en realidad créditos y garantías para los Estados como indica el periodista Claudi Pérez, pero el Banco Central Europeo estima que será precisa tres veces esa cantidad. Tras el Eurogrupo, la Comisión Europea sugirió doblar el presupuesto de la UE desde menos del 1% del PIB de los 27 actual hasta el 2%. Suponiendo que esto pueda hacerse, el presupuesto de la UE es hoy de 153.000 millones de euros y, al doblarlo, se calcula que podrían destinarse más de 100.000 millones para un fondo de recuperación, que se utilizaría para reactivar la economía en los Estados miembros. Solo en España el impacto de la crisis será mayor. La pérdida de un 10% del PIB español supondría una merma de 124.000 millones de euros a la cifra de 2019. En estas condiciones tan extremas, la solidaridad que Europa necesita, y que algunos localizan en los coronabonos, no es nada fácil, como explica este artículo de Aleksandar Kocic para esglobal.

La crisis provocará una caída del consumo de bienes y servicios, e impactará a familias y empresas, con un paro extendido, pero afectará también al sector público y al bienestar. Hemos de ser conscientes del alto nivel de bienestar alcanzado en nuestras sociedades a lo largo de las últimas décadas. El parón económico que ha provocado la pandemia significará muy probablemente una caída de dicho nivel. Según datos históricos compilados por Our World in Data, el gasto social (pensiones, paro, salud, etcétera) en países como Alemania, España, Francia, Italia y Suecia pasó de suponer entre un 10% y un 15% del PIB en los años 60, a situarse entre un 25% y un 30% en 2016, quedando siempre Reino Unido (21%) y Estados Unidos (19%) por detrás. Este enorme aumento histórico del gasto social se produjo al mismo tiempo que los PIB respectivos crecían sin cesar, por lo que dichas partidas presupuestarias se multiplicaron a lo largo de los años, dando lugar a un Estado del bienestar que es un logro sobresaliente de nuestras sociedades. Es muy difícil que descensos tan acusados y generalizados del PIB como se prevén a causa de la pandemia y del encierro permitan mantener el mismo grado de bienestar. El desafío será cómo reducirlo sin ocasionar disturbios sociales. El consenso dentro de los Estados y la pedagogía política serán fundamentales.

La crisis colosal que se avecina obliga a reflexionar, en efecto, sobre tendencias de largo plazo. Otro aspecto económico muy importante que deberá replantearse con la crisis es la distribución de la riqueza, la desigualdad y los sistemas impositivos. ¿Cómo se financió el aumento del bienestar en las sociedades desarrolladas recién mencionado? Simplificando mucho, los recursos de un gobierno pueden conseguirse de dos maneras: subiendo impuestos y endeudándose. Aunque los impuestos aumentaron en esas décadas, la deuda pública también creció de manera increíble.

Aunque durante la Gran Recesión la deuda privada en los países ricos descendió, en 2017 se calculaba que el total de ambas era un 266% en las economías avanzadas (siendo la privada dos tercios de la pública). Hablando solo de la deuda pública, según datos de Eurostat para 2018, Italia soportaba un 132% en relación al PIB, Francia 98,4%, España 97,1% y Reino Unido 86,8%. Estados Unidos estaba en el 104%. Estas cifras no constituyen buenos puntos de partida para afrontar una crisis de tal magnitud. Por un lado, la recaudación de impuestos caerá inevitablemente, como ocurrió entre 2008 y 2012. Sectores muy importantes para España, como el turismo y la automoción, se verán muy afectados. Por otro, no hay mucho margen para nuevos endeudamientos y probablemente no quedará nadie que pueda ofrecerlos.

Esto nos sitúa solo ante el escenario de la reestructuración de la deuda, llamada con diversos sinónimos y figuras poéticas, que se verifica con ocasión de las guerras o tras las mismas. Aquí entramos en un terreno muy delicado, que plantea preguntas acuciantes. La primera prioridad en cualquier modificación de la deuda debe ser la estabilidad financiera y la seguridad de los depósitos bancarios. Los bancos europeos están mejor preparados que en 2008 y han superado los test teóricos de estrés, pero ahora las condiciones macroeconómicas serán muy exigentes. El relanzamiento de la economía europea es esencial y debe ser dotado de fondos, pero los Estados miembros y las instituciones deben tener como horizonte mínimo la estabilidad del sistema.

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